Luego de décadas de lucha social, hoy conmemoramos los momentos más álgidos de las movilizaciones a nivel nacional, iniciadas el 18 de octubre de 2019. Ese día en horas de la tarde, consternados veíamos por redes sociales una estudiante que resultó herida por un proyectil percutado por un carabinero. Este fue el inicio de un amplio despliegue de mecanismos represivos del Estado chileno sobre la población civil, a los que hemos estado sometidos los últimos dos años.
Con el dispositivo de “Estado de Emergencia” a nivel nacional, se suspendieron algunos derechos civiles y se propició el uso político de la violencia y el castigo extremo sobre los cuerpos, donde miles de personas resultaron heridas y decenas muertas.
El uso de escopeta antidisturbios Benelli M3 con munición de perdigón de goma metalizada y lanzagranadas Penn Arm L137-3, por parte de las fuerzas policiales, disparados de manera no reglamentaria, directamente a las personas y a la altura del segmento superior del cuerpo, durante enfrentamientos callejeros y manifestaciones pacíficas, ha dejado el mayor número de traumas y amputaciones oculares registrado históricamente en manifestaciones sociales a nivel mundial. Se debe destacar que los disparos de arma de fuego al centro de masa y a la cabeza se observa constantemente en ejemplos contemporáneos de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de fuerzas armadas a nivel mundial.
Entre los otros hechos que se investigan, destacan los asesinatos, golpizas, violaciones, abusos sexuales, tratos inhumanos, torturas, amenazas, por nombrar algunas. En su mayoría, quienes han denunciado violaciones a sus derechos humanos, en mayor medida por parte de Carabineros, son víctimas que nunca fueron detenidas. Estos tratos degradantes contra la integridad de la población civil en su mayoría no tuvieron seguimiento de los protocolos básicos ni menos están dentro de los procedimientos policiales regulares.
El carácter masivo y su despliegue en todo el territorio chileno, sugiere que no se trató de abuso policial o actos delictivos aislados bajo exclusiva responsabilidad de individuos, sino que es una práctica institucionalizada, que buscaba sembrar el temor en la población y disuadir por medio de la violencia la participación y movilización política y social, buscando restablecer el orden y la autoridad del Estado.Reivindicamos el derecho humano a protestar, repudiamos toda acción del Estado contra la población civil que ha sido violentada, afectando directamente a las víctimas, sus familiares y sus comunidades. Ratificamos nuestro compromiso de cumplir el rol de vigilancia ciudadana y de investigación imparcial de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometan. Compartimos con la gran familia de la Antropología forense en América Latina el compromiso institucional de estar siempre de lado de las víctimas y de sus familias, atendiendo sus derechos a la verdad y a la justicia que los asiste.